Sólo uno de cada diez fisioterapeutas andaluces trabaja para la Sanidad pública mientras crecen las listas de espera

08 septiembre 2022

El Sindicato de Enfermería denuncia que de los casi 9.200 fisioterapeutas colegiados que ejercen actualmente en Andalucía, sólo en torno a 1.000 lo hacen en la Sanidad Pública, esto es uno de cada 10, mientras miles de personas se ven obligadas a esperar varios meses para ser atendidos por estos profesionales sanitarios. 

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado, con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia 2022, que la gran rentabilidad sanitaria, económica y social que conlleva la atención de los fisioterapeutas sigue siendo desaprovechada y minusvalorada por el conjunto de administraciones, ya que solo uno de cada diez de estos profesionales trabaja en la sanidad pública mientras miles de personas deben esperar varios meses para ser atendidos.

SATSE se suma, un año más, a la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia poniendo el foco de atención en el déficit crónico y estructural de plantillas de estos profesionales. De hecho, de los casi 9.200 fisioterapeutas colegiados que ejercen actualmente en Andalucía, sólo en torno a 1.000 lo hacen en la Sanidad Pública, esto es uno de cada 10.

Según los datos de SATSE, en Andalucía, con una plantilla media de 1.003 fisioterapeutas en el primer trimestre de 2022, solo hay un fisioterapeuta para atender a 8.500 personas de medida en la sanidad pública. Es cierto, reconoce el Sindicato de Enfermería, que en los últimos años se ha incrementado la plantilla en Andalucía, ya que en 2018 apenas superaban los 700 efectivos y una ratio de un fisioterapeuta por cada 12.000 andaluces, si bien sigue estando alejada de la ratio recomendada por la OMS que es de uno por 1.000 personas.

“Las distintas administraciones están provocando de manera intencionada la privatización de un servicio asistencial sanitario básico y fundamental para la mejora y mantenimiento de la salud, calidad de vida y bienestar integral de miles de personas que no tienen otra opción que destinar recursos económicos propios para poder recibir una atención que deberían tener garantizada, y en los tiempos adecuados, en la sanidad pública”, señalan.

Un ejemplo son las personas que sufren artrosis, y sobre los que se centra este año la campaña de información y sensibilización puesta en marcha por la World Confederation for Physical Therapy (WCPT), al resultar decisiva la labor de los fisioterapeutas al reducir los riesgos asociados a este problema de salud (caídas, fracturas de cadera…), pudiéndose así prevenir o retrasar la necesidad de cirugía.

Un reciente estudio realizado por SATSE concluye que más de 43.600 personas, unas 12.000 en Andalucía en torno al 27 por ciento del total nacional, se encuentran esperando a ser atendidos por una fisioterapeuta en los hospitales de la sanidad pública con un tiempo medio de espera de cinco meses, llegando incluso hasta los 15 meses en alguna comunidad autónoma, tiempo que en la comunidad andaluza se sitúa en los 197 días de media.

Otro aspecto en el que incide la organización sindical, y que el conjunto de administraciones públicas parecen “pasar intencionadamente por alto”, es que una adecuada y suficiente dotación de fisioterapeutas conlleva, además de beneficios en salud, una clara rentabilidad económica para las arcas públicas y también para el conjunto de empresas e instituciones, ya sean públicas o privadas.

Al respecto, el Sindicato recuerda que la intervención temprana de estos profesionales propicia la reducción de los tiempos de baja laboral, así como la recuperación total, en muchas ocasiones, de la funcionalidad de la persona. “De manera paralela, un fisioterapeuta logra la recuperación con prontitud del bienestar del paciente y su reincorporación al mercado de trabajo, además de una mejora en el entorno familiar”, añade.

Por último, SATSE denuncia que la falta de oportunidades laborales en la sanidad pública, así como las precarias condiciones que se ofertan en el sector privado, provoca que estos profesionales se vean obligados a trabajar de manera autónoma o a buscar fuera de España una mejora de sus condiciones y calidad de vida, siendo Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania los países que más se benefician de su excelente cualificación y desempeño profesional.

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