La Junta anuncia que llevará al Parlamento antes de final de año la Ley Integral frente a las Agresiones a Profesionales Sanitarios

La Junta de Andalucía impulsará antes de que finalice 2026 la tramitación de una Ley Integral frente a las Agresiones a Profesionales Sanitarios mediante decreto ley, una iniciativa que pretende reforzar la protección de los trabajadores de la sanidad pública andaluza ante el incremento de los episodios de violencia en los centros sanitarios.

El anuncio fue realizado por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante la inauguración de las IX Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), celebradas en Almería bajo el lema“Cuidar a quienes nos cuidan: innovación y prevención para una sanidad más segura”.

La futura norma incluirá un régimen sancionador específico para las agresiones a profesionales sanitarios, con medidas dirigidas a combatir la reincidencia y el acoso a través de medios digitales, además de mecanismos que faciliten la denuncia y refuercen la protección de las víctimas.

Según explicó la Administración andaluza, el objetivo es dotar al sistema sanitario de una herramienta legal que permita actuar con mayor contundencia frente a cualquier conducta violenta contra los profesionales.

Andalucía se registraron durante 2025 un total de 1.976 agresiones a profesionales sanitarios, de las que cerca del 80 por ciento fueron verbales.

Las jornadas han contado además con la participación de representantes de SATSE Andalucía, en un espacio concebido para compartir experiencias y avanzar en la protección, la seguridad y el bienestar de los profesionales sanitarios.

El encuentro ha servido para abordar algunos de los principales desafíos que marcarán el presente y el futuro de la prevención de riesgos laborales en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Valoración de SATSE

Por su parte, SATSE ha valorado positivamente el anuncio de la futura ley, una reivindicación que el Sindicato de Enfermería viene planteando desde hace años ante el aumento de la conflictividad y los episodios violentos registrados en los centros sanitarios.

La organización considera prioritario que la nueva normativa incluya un régimen sancionador administrativo específico para los agresores y que reconozca a los profesionales sanitarios como autoridad pública.

Asimismo, insiste en que las medidas legislativas deben complementarse con actuaciones preventivas inmediatas que refuercen la seguridad en los centros sanitarios y protejan especialmente a los profesionales que mantienen un contacto más directo con pacientes y usuarios.

El sindicato recuerda además que las agresiones no sólo afectan a la integridad física y psicológica de los profesionales, sino que repercuten directamente en la calidad asistencial y en el funcionamiento del sistema sanitario, por lo que considera imprescindible adoptar soluciones estructurales que permitan erradicar esta problemática.