Andalucía refuerza la protección jurídica de los profesionales frente a las agresiones

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía ha valorado de forma positiva la aprobación en el Parlamento de Andalucía de medidas que refuerzan el reconocimiento del personal de la Sanidad andaluza como autoridad pública frente a las agresiones y garantizarán la asistencia jurídica y protección por parte de la Administración.

En concreto, el Sindicato de Enfermería destaca la aprobación durante la tramitación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía de una modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía para introducir un nuevo apartado del artículo 58 donde se establece que “los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.”

De igual forma, se ha añadido en la Ley, según el texto consultado por SATSE que “la Administración promoverá que los profesionales adscritos al SSPA cuenten con la adecuada asistencia jurídica y protección que resulte preceptiva en los procedimientos que se sigan ante cualquier órgano jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos”.

A juicio del Sindicato de Enfermería este cambio normativo viene a reforzar la protección de los profesionales de la Sanidad Pública frente a los actos de violencia cuando se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas, que serán considerados como atentados contra la autoridad, delito que puede ser castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses.

Esta enmienda ha sido aprobada con los votos de los grupos parlamentarios de PP, Vox y Por Andalucía y la abstención del grupo socialista, postura incompresible para el Sindicato de Enfermería pues tomar medidas contra la violencia en el ámbito sanitario y proteger a los profesionales de las agresiones que sufren de manera constante a la hora de desempeñar su labor asistencial y de cuidados en los centros sanitarios y sociosanitarios debería ser una prioridad para todos los partidos políticos.

Nueva ley

Junto a esta modificación de la Ley Salud, SATSE ha valorado también el anuncio realizado por la Consejera de Salud y Consumo, Catalina García sobre la aprobación de un proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, en la misma línea de defensa de los trabajadores frente a las agresiones. Dicha ley, según a explicado Catalina García, establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA con sanciones económicas proporcionadas al daño causado.

Se trata en ambos casos de medidas ampliamente demandadas por el Sindicato de Enfermería para que las agresiones a los profesionales de la Sanidad no queden impunes en un contexto en el que no solo aumentan diariamente en número los casos de violencia sino en la gravedad de los mismos, como la reciente agresión con arma blanca a dos enfermeras del hospital de Alcaudete (Jaén).

La organización sindical recuerda que durante el año 2022 se incrementaron un 24% los casos registrados de agresiones al personal del SAS con un total de  1.494, 259 de ellas de carácter físico, datos que se acercan a las cifras pre pandemia, con las 1.507 agresiones contabilizadas en 2019, la más alta desde que se tiene registros.

Por eso, a la luz de estos datos el Sindicato de Enfermería asegura que, aunque se han conseguido avances en la prevención y protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad con el plan de prevención aprobado en 2020, es urgente seguir implementando medidas más contundentes y de prevención para los profesionales sanitarios motivo por el que insta a la Consejería de Salud a concretar el desarrollo de este proyecto de ley a la mayor brevedad.

Concluye la organización sindical apelando una vez más para que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares, a la vez que subraya que los actos violentos cometidos contra los sanitarios son, además de un delito, injustificables a pesar de las posibles deficiencias que se puedan sufrir en la atención.