La Salud, prioridad ciudadana en el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz 2025

El acceso a una sanidad pública eficaz, accesible y universal vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía andaluza. Así lo refleja el Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz correspondiente a 2025, presentado la pasada semana en el Parlamento Andaluz.

De las más de 34.000 actuaciones gestionadas por la Institución a lo largo de 2025, el área de Salud concentró alrededor de 3.500, convirtiéndose en la segunda materia con mayor volumen de actuaciones, solo por detrás de Dependencia (5.330). 

En términos estrictos de quejas, las relacionadas con el ámbito sanitario se acercaron a los dos millares, una cifra que evidencia el peso específico de la sanidad en las quejas, consultas y actuaciones de oficio tramitadas y que confirma que la atención sanitaria sigue siendo un eje clave en la garantía de derechos en Andalucía.

Problemas estructurales

En el ámbito sanitario, las reclamaciones ciudadanas se inscriben en un contexto más amplio de dificultades estructurales que el Defensor del Pueblo Andaluz viene señalando de forma reiterada en sucesivos informes anuales. En aspectos estrictamente asistenciales, el Informe se centra en aquellas cuestiones que en 2025 han requerido un análisis más detenido y han dado lugar a actuaciones especialmente relevantes. 

Destacan, en particular, las relacionadas con el programa de cribado de cáncer de mama, la atención temprana a menores de 0 a 6 años, los tiempos de respuesta asistencial y la planificación y adecuación de las infraestructuras sanitarias, ámbitos todos ellos que inciden de manera directa en el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud.

Especial atención merece la transformación digital del sistema sanitario, que, según advierte el Informe, puede convertirse en una barrera de acceso si no se acompaña de alternativas presenciales eficaces y de apoyos suficientes para quienes tienen mayores dificultades. 

“El sistema público diseñado para garantizar derechos no siempre los hace efectivos con la agilidad y la calidad que las personas necesitan”, señala el Informe Anual del Defensor del Pueblo

Una constatación que no cuestiona la vocación del servicio público sanitario, pero sí advierte de que las soluciones puntuales resultan insuficientes cuando los problemas son estructurales, generando frustración y desgaste, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Reclamaciones del personal sanitario

El Informe pone asimismo el acento en el ámbito de las personas empleadas del sistema sanitario público, que ha continuado generando un número significativo de quejas durante 2025. 

La mayoría de ellas proceden del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y se refieren a incidencias derivadas de la gestión de las bolsas de empleo temporal, una problemática de carácter recurrente que afecta directamente a la estabilidad laboral, la planificación de recursos humanos y, en última instancia, a la calidad asistencial.

Muchas de las quejas formuladas por el personal sanitario ponen de manifiesto una sobrecarga estructural de trabajo derivada de la insuficiencia de recursos humanos en los centros sanitarios. 

El Defensor del Pueblo Andaluz advierte además que esta tiene consecuencias psicosociales relevantes, afecta de forma directa a la salud de las propias personas trabajadoras y repercute negativamente en el desempeño de su labor asistencial, con impacto final en la calidad de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía.

Repensar el sistema

El Defensor del Pueblo Andaluz subraya que estas disfunciones, tanto en la prestación sanitaria como en la gestión del personal, no pueden analizarse de manera aislada, ya que afectan de forma directa a la garantía efectiva del derecho a la salud. 

El Defensor subraya además la necesidad de repensar la organización y priorización de los recursos existentes, más allá del incremento presupuestario. La ciudadanía demanda una sanidad que funcione con criterios de equilibrio territorial, coordinación interadministrativa y evaluación rigurosa de las políticas públicas, para asegurar que las medidas adoptadas producen resultados reales y sostenibles.

En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz reitera en su informe su compromiso con el fortalecimiento de una sanidad pública accesible y universal, situándola entre los derechos esenciales que deben orientar el diseño de las políticas públicas.

Porque, como advierte el propio Informe, cuando la ciudadanía no logra ser atendida a tiempo en algo tan esencial como la salud, "se resiente la confianza institucional y se debilita la convivencia democrática".