Enfermeras del Distrito Malaga-Guadalhorce denuncian trabas para conciliar su vida laboral y familiar

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Málaga denuncia que a las enfermeras del Distrito Sanitario Malaga-Guadalhorce se les está impidiendo ejercer su legítimo derecho a conciliar la vida laboral y familiar, una situación que ya está teniendo consecuencias no solo para las profesionales, sino también para la ciudadanía.

Las enfermeras solicitan reducciones de jornada para poder atender a sus hijos o familiares dependientes. Sin embargo, la Administración no está concediendo estas reducciones en los términos solicitados, impidiendo su acumulación en jornadas completas y no negociando de manera individual las necesidades reales de cada profesional tal y como establece la normativa específica.

Además, SATSE asegura que las horas reducidas no se cubren con sustituciones, lo que provoca que el trabajo quede repartido entre el resto del equipo de profesionales causando con ello perjuicios a la asistencia de los pacientes.

Consecuencias

El Sindicato asegura que las enfermeras que reducen jornada cobran menos, pero siguen soportando una alta presión asistencial, que sus compañeras asumen una mayor sobrecarga y los pacientes reciben atención en un contexto de mayor saturación y tensión profesional.
Cuando no se sustituyen las reducciones de jornada, no solo se vulnera un derecho laboral: se resiente la calidad de los cuidados.

SATSE denuncia que el gerente del Distrito Malaga-Guadalhorce está incumpliendo el Manual de permisos vacaciones y licencias del SAS.
Desde el Sindicato de Enfermería se advierte de que esta forma de gestionar la conciliación está generando un efecto disuasorio, ya que muchas profesionales se ven obligadas a renunciar a solicitar reducciones o incluso a rechazar contratos ante la imposibilidad real de compatibilizar su vida personal con el trabajo.

La conciliación no es un privilegio, insiste SATSE, es un derecho. Y cuando no se respeta, quien termina pagando las consecuencias es todo el sistema sanitario y, en última instancia, los ciudadanos.
Por todo ello, concluye subrayando que las condiciones laborales injustas y no adecuadas para los profesionales no son negociables.